Tanto la gran minería como la ilegal violentan los derechos humanos

Imagen: Pichincha Universal/AC

Punto Noticias. La violencia desatada en la zona minera de Buenos Aires, Imbabura, demuestra la incapacidad del Estado para controlar este territorio, a criterio de la abogada Patricia Carrión, representante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).

A criterio de la jurista, esta situación causa grave daño no solo a los derechos de las personas, sino también a los ecosistemas frágiles que se encuentran al rededor.

En opinión de Carrión, esta práctica de minería ilegal continúa, porque el Ministerio del Interior ha incumplido con sus anuncios de realizar controles sistemáticos.

Para la representante de la Cedhu, justificar la explotación minera a gran escala, supuestamente realizada con tecnología de punta, porque la minería ilegal destruye la naturaleza, no es válida. A decir de Carrión, hay informes de la CGE que las grandes concesionarias mineras transnacionales han incurrido en graves incumplimientos de sus licencias ambientales, por las cuales el gobierno debería caducar esas licencias, pero no lo hace.

Compartimos la entrevista completa: