Se agudiza tensión por reforma fiscal en Costa Rica

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La situación en Costa Rica se complica. Tras 25 días de huelga general indefinida, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos denunció un aumento de la “represión y la criminalización de la protesta” y criticó que se violaran los derechos de los trabajadores.

Los despidos selectivos, la ilegalización de la huelga y las amenazas son permanentes, motivo por el que se critica el accionar del ejecutivo del presidente Carlos Alvarado, que ha sido incapaz de realizar alguna propuesta que destrabe el conflicto.

Por el contrario, se ha avanzado en el Poder Legislativo para aprobar la reforma fiscal en tiempo récord y contradiciendo a la opinión pública de los sindicatos que continúan sosteniendo que esa reforma afecta los intereses de las mayorías para favorecer a las clases más pudientes.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos se convocó a una “gran acción cívica” en las afueras de la Asamblea Legislativa, para intentar frenar la aprobación de la reforma.

“La aceleración del totalitarismo parlamentario PLN-PUSC-PLN para imponer el odiado combo fiscal, en primer debate, presuntamente este viernes 5 de octubre, legítima (sic) las más creativas formas pacíficas de lucha cívico-popular en las próximas horas”, dijo el líder de este movimiento, Albino Vargas, en su cuenta de Twitter.

El miércoles se sumaron a la huelga indefinida los pueblos originarios, marchando y sumándose a muchos de los cortes de ruta que se realizan a lo largo y ancho del país centroamericano.

“La parte aborigen e indígena de Costa Rica pide que se quite el combo fiscal y decir que no. Tenemos el derecho porque el pueblo manda y nosotros elegimos, no Carlos Alvarado. Estamos en pie de lucha en este proyecto que tenemos”, manifestó Bonifacio Morales, presidente de la Asociación del Consejo Indígena del Cantón Regional de Buenos Aires.

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