Próximo martes a segundo debate proyecto económico urgente del Ejecutivo

proyecto de Ley de Fomento Productivo
Mesa parlamentaria de Desarrollo Económico. Foto: AN

Punto Noticias.- Cambios, de forma y fondo, en un 40%, con relación a la propuesta original del Ejecutivo, fueron introducidos en el proyecto de Ley de Fomento Productivo, según aseguró el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura.

Esteban Albornoz adelantó que el martes 19 de junio se cumplirá, en el Pleno parlamentario, el segundo debate del informe que fue aprobado, este viernes, por unanimidad, de los ocho asambleístas presentes en la sesión.

En la remisión de interés, multas y recargos se incluyó a los deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación, para obligaciones de hasta 50.000 dólares, así como a los créditos educativos y becas y algunos compromisos con la Superintendencia de Compañías.

En el proyecto original, el Ejecutivo planteó que esta figura se aplique a deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas, Seguro Social, gobiernos autónomos descentralizados, matrículas e impuestos vehiculares y deudas por servicios básicos, con entidades amparadas por la Ley de Empresas Públicas.

Para acceder a estos beneficios los interesados deberán cancelar el capital, pero tendrán facilidades para hacerlo, sobre todo con el tiempo. En el caso de las obligaciones con el SRI, los contribuyentes con ingreso promedio neto mayor a 5 millones de dólares, en los últimos tres años, pondrán honrar el capital en 90 días y para el resto hasta en dos años.

Excepto las deudas patronales con el Seguro Social, las remisiones serán del 100 %, registradas hasta el 2 de abril de 2018. Las del Seguro Social van del 50 % hasta el 99%, dependiendo del plazo: entre más rápido paga el capital, más alto será el beneficio.

Para que esta medida no se convierta en una mala práctica se incluyó un candado. Quienes se acojan a la remisión no podrán beneficiarse sobre el mismo concepto en procesos futuros por 10 años.

Para nuevas inversiones productivas en sectores priorizados, se exonera del Impuesto a la Renta (IR) durante 10 años cuando se asienten fuera de Quito y Guayaquil y 8 si lo hacen al interior de estas dos ciudades.

En el caso de inversiones en el sector industrial el beneficio es por 10 años y en industrias básicas 15. Ese plazo se amplía por 5 años si son en los cantones fronterizos. En Manabí y Esmeraldas la exoneración durará 10 años y aquí entran también los pequeños y medianos emprendimientos turísticos.

Pero no solo habrá exoneración, sino también reducción y aquí se incluyó una novedad. Se les bajará el 15 % de este impuesto a quienes reinviertan sus utilidades en proyectos o programas deportivos, culturales y de investigación científica responsable.

Se libera el Impuesto a la Salida de Divisad (ISD) a nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión en importación de bienes de capital y materias primas que no se disponga en Ecuador.

Además, en una transitoria, el informe subraya que el Presidente de la República podrá reducir gradualmente este impuesto hasta su desaparición, a partir del siguiente ejercicio fiscal, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.

La tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) está dirigida para la construcción de viviendas de interés social, en servicios de construcción. La Comisión incluyó al sector agropecuario. No pagarán IVA en bienes de capital, repuestos de maquinaria, insumos, arrendamientos de tierras. Habrá, incluso, un seguro agrícola.

Esta tarifa también será para los seguros y servicios de medicina prepagada, de salud y vida, de asistencia médica y de accidentes personales.

Con hasta el 50 % de sus utilidades, la banca pública constituirá un Fondo de Garantía para el fomento productivo del segmento de la economía popular y solidaria. Además, cuando contraten sus servicios con entidades del Estado deberán darles un anticipo, a fin de que puedan seguir reinvirtiendo.

Se crea un Fondo de Estabilización Fiscal, con los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovales que superen lo contemplado en el presupuesto general y luego de descontar el porcentaje que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados.

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