Proponentes del juicio político a la Judicatura fueron acusados de presentar documentos falsos

El presidente Gustvo Jalkh y los vocales del CJ en la Comisión de Fiscalización. Foto: AN

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, acusó de utilizar documentos falsos y forjados a los legisladores Esteban Bernal, de CREO, y Raúl Tello, del BIN, como supuestas pruebas de sustento en el juicio político en contra de los vocales del organismo administrativo de la Función Judicial.

Bernal y Tello acusan, a su vez, a los integrantes de la Judicatura de incumplir sus funciones; propiciar y permitir la interferencia del anterior gobierno en la administración de justicia; perseguir a jueces  y destituirlos a través de la figura del error inexcusable; cometer irregularidades en la designación de jueces y fiscales.

Una a una, Jalkh fue respondiendo a estas acusaciones e insistió en que la prueba madre, el informe de Contraloría, presentada por los proponentes del juicio, no es tal, porque el documento no determina responsabilidades de ninguno de los vocales, ni titulares ni suplentes del Consejo de la Judicatura.

 

Néstor Arbito, segundo al mando de la Judicatura, señaló que los documentos de prueba exhibidos por los legisladores Bernal y Tello no solo son forjados sino que se falsificó la firma de Miriam Cañar, de la Contraloría, para que el escrito aparezca como remitido por este organismo.

 

Arbito acusó a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, de solicitar una prueba que no fue calificada por la mesa parlamentaria y a destiempo.

Carrión calificó este hecho como un lapsus y aseguró que esa prueba no será actuada.

Sin embargo, a criterio de la asambleísta Lira Villalva esto podría acarrear la nulidad de todo el proceso. Cuestionó a Carrión y la acusó de tomar decisiones unilaterales sin la aprobación de los demás integrantes de la mesa.

 

El fin justifica los medios, parece ser la premisa del asambleísta Raúl Tello, quien, por toda respuesta a las acusaciones de que presentó documentos falsos y que el informe de la Contraloría no señala responsabilidades para los vocales del CJ, manifestó que para un juicio político no se necesita de ello.

Luego de recibir las pruebas de descargo, a la Comisión de Fiscalización le corresponde ahora elaborar y aprobar el informe final, que deberá recomendar que se archive el proceso o que sea remitido al Pleno para que continúe el juicio político. Lo hará en 10 días según anunció Carrión.

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