Pronunciamiento de la CIDH sobre consulta popular crea “temblor político” en Ecuador

Consejo de Participación Ciudadana. Foto: redes sociales

En la Asamblea Nacional se evidenciaron los efectos políticos del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pone en duda la legalidad y legitimidad de la consulta popular y referéndum del presidente Moreno, que propuso en la tercera pregunta la remoción de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), sin el debido proceso, para reemplazarlos por otros transitorios.

El presidente de la Legislatura, José Serrano, suspendió la reunión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), prevista para este miércoles, con el fin de conformar la comisión ocasional encargada de viabilizar la operatividad de la consulta popular, del pasado domingo.

Asimismo, Serrano suspendió la sesión del Pleno legislativo, convocada para este jueves, en la que los asambleístas debían aprobar la conformación de la comisión especial.

 

Advirtió el legislador Mauricio Proaño, de la bancada de la Revolución Ciudadana, ex Alianza PAIS (AP).

Mientras tanto, el asambleísta Henry Cucalón, del PSC, defendió la legalidad y constitucionalidad de la consulta popular y los resultados de esta, ante el pronunciamiento de la CIDH.

 

La parlamentaria morenista Silvia Salgado planteó que la Asamblea Nacional también debe involucrarse en este asunto y aprobar una resolución demandando de la CIDH respeto a la soberanía del país.

 

Los integrantes de “oposición” de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales exigieron que esta rechace el pronunciamiento de la CIDH. Ante la negativa de su presidenta, Doris Soliz, enojados suscribieron una comunicación pidiendo la salida de Soliz y de la vicepresidenta Esther Cuesta.

En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, rechazó el pronunciamiento de la CIDH:

Esta es la respuesta de Almagro al mandatario ecuatoriano:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió, el martes 6 de febrero de 2018, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)  una solicitud de medidas provisionales para que ordene al Estado ecuatoriano que no destituya  a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se ‘abstenga’ de crear un consejo transitorio.

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