Legislatura cuestionó a la administración de justicia, por la inseguridad que vive el país

Imagen: Asamblea Nacional

En el debate sobre esta problemática instaron a evaluar las decisiones de los operadores de justicia.

Punto Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana sea incorporado, como insumo, al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta fue una propuesta que la presentó el asambleísta Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano y que contó con el respaldo unánime de los 89 parlamentarios, presentes en la sesión de este jueves.

Cucalón no perdió la oportunidad de recordar que la iniciativa corresponde al Consejo Municipal de Guayaquil, empeñado en endurecer las penas, para sancionar delitos atroces como secuestro, violación, asesinatos, que se cometen especialmente contra grupos vulnerables (mujeres y menores de edad), así como delitos contra la administración pública.

Par el legislador socialcristiano, es fundamental precautelar la vida e integridad de los ciudadanos, ante la grave problemática social de inseguridad que se vive en todos los rincones del país, defendiendo, así, el interés de las víctimas y no de los victimarios, a fin de que la población recobre la tranquilidad.

Los asambleístas, que intervinieron en el debate, coincidieron en que el tema de la inseguridad merece un tratamiento y respuesta integral, en cuyo análisis y soluciones participen las funciones del Estado y la sociedad en su conjunto, dado que ha causado grave conmoción; más aún, luego del asesinato de autoridades de elección popular y jueces, así como la crisis penitenciaria y el hacinamiento en las cárceles.

A criterio de los parlamentarios, urge trabajar en un acuerdo nacional, para impedir que la delincuencia y el crimen organizado se apoderen del país; desarrollar una verdadera política de rehabilitación social, que permita la reinserción de las personas privadas de la libertad a la sociedad.

Cuestionaron la actitud de ciertos jueces y fiscales, que facilitan la salida de los procesados, a pesar de que cuentan con 15 o más detenciones y un peligroso historial delictivo. Exhortaron a las autoridades responsables a evaluar permanentemente el accionar de los administradores de justicia, sobre la base de la calidad de las sentencias.

Según los datos presentados en la discusión, el 73.43 % de la población ha sido víctima de un delito; el 48 % de personas privadas de la libertad está sin sentencia, Aspectos que deben ser abordados con responsabilidad, según advirtieron los legisladores. Destacaron que es importante, además, implementar el principio de la debida diligencia, tomando en cuenta la norma de la Corte Internacional de Derechos Humanos, para sancionar, de forma ejemplar, delitos contra la mujer y la familia, en razón de la condición de vulnerabilidad.

Fuente: Asamblea Nacional.