Legisladores socialcristianos plantean lineamientos para consulta popular

Aunque dijeron que no presentarán ninguna pregunta para la consulta popular, porque ello le corresponde al presidente de la República, Lenín Moreno, los legisladores del bloque del PSC propusieron lo que denominaron 14 lineamientos generales sobre los temas que a esta organización política le interesa.

La eliminación de tributos, como el Impuesto a la Salida de Capitales (ISC), el anticipo del Impuesto a la Renta (IR), de la tabla de consumo de drogas; la derogatoria de la Ley de Plusvalía, de la reelección indefinida, de la disposición constitucional que señala que la comunicación es un servicio público; la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, la creación de un nuevo mecanismo para elección de autoridades de control, entre otros puntos.

El asambleísta Luis Fernando Torres señala que respaldan la consulta popular, porque a más de una necesidad, a su criterio, es un mecanismo legal, ágil, viable y económicamente conveniente, pero espera que el mandatario acoja las propuestas socialcristianas.

Torres aclaró que estas propuestas no serán entregadas de manera directa al Jefe de Estado, pero buscarán las maneras para que las conozca.

Los asambleístas de Alianza PAIS (AP) prefieren esperar las preguntas que presente el Jefe de Estado para, de manera categórica, decidir si apoyan o no la consulta popular, según declaró Ricardo Zambrano.

“Veamos la pertinencia de hacer algunos temas bajo la figura de la consulta popular y cuáles pueden hacerse de manera directa, a través de la Función Legislativa”, señaló el parlamentario.

Mientras tanto, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) Mauricio Tayupanta, a pesar de que otras autoridades de este organismo hablan de costos entre 50 y 60 millones de dólares y otros hasta de 100 millones de dólares, dice que prefiere esperar conocer los detalles de la consulta para señalar cuánto costará el referéndum. Lo que sí afirma es que el CNE está preparado y su trabajo empezará con el decreto ejecutivo que dispone la realización de la consulta popular.

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