Las domiciliarias a genocidas generan rechazo en Argentina

Decenas de personas fueron a la casa del represor Miguel Etchecolatz portando una máscara del testigo desaparecido en democracia Jorge Julio López. Foto: La Garganta Poderosa

Uno de los grandes motivos de orgullo que teníamos los argentinos, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, se va derrumbando. Un camino que había llevado tras las rejas a una buena cantidad de criminales de lesa humanidad que habían atentado contra sus compatriotas durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica.

La mitad de los represores que estaban en cárcel común, gozan ahora, desde la llegada del gobierno de ricos empresarios que encabeza Mauricio Macri, de prisión domiciliaria.

Este beneficio no se condice con los crímenes atroces por los que fueron condenados tras largos años de testimonios de sobrevivientes y recopilación de pruebas. Hay 1.038 genocidas detenidos, de los cuales 549 lo hacen en sus casas.

El excomisario Miguel Etchecolatz es considerado uno de los mayores criminales de la dictadura y fue uno de los últimos beneficiados de este privilegio, sin existir atenuante alguno que pueda justificarlo por razones de salud.

“Durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de los cuales 198 fueron condenados y 36, absueltos, señala un informe preparado por los fiscales que forman parte de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad.

Se preparan para este verano actos de repudio en la casa de varios de estos represores, algunos de ellos, incluso responsables de la desaparición de testigos en tiempos de democracia. El paso de los años no los ha llevado a arrepentirse de sus crímenes y sostienen sus amenazas sobre los familiares de las personas que secuestraron, torturaron y asesinaron.

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