Juristas coinciden en la moral selectiva de la Asamblea que repercutirá a nivel internacional

Sofía Espín y Norma Vallejo
Foto: Radio Pichincha Universal (AC)

Punto Noticias.- La destitución de las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo, son casos que evidencian que las “sanciones” son selectivas, sumado a que se está afectando al debido proceso pues no es el Legislativo el llamado a destituir porque no se ha incurrido en ninguna causal descrita en la Constitución ni en la Ley de la Función Legislativa, así coincidieron Paúl Córdova, Salim Zaidán, ambos abogados constitucionalistas y Gonzálo Silva, abogado penalista.

Más allá de las diferencias políticas o la forma como han cumplido sus labores. El ámbito de responsabilidad de control político debe ser sancionado por otro tipo de autoridades y no por la Asamblea Nacional, dijo Córdova.

Manifestó que la destitución de Espín por ejemplo es un atropello pues quien debería conocer el caso es la Fiscalía.

La Constitución dice que no se puede incurrir a interpretaciones extensivas para sancionar y si bien es cierto que la asambleísta tuvo un acercamiento a una procesada (Diana Falcón en el caso del secuestra de Fernando Balda), eso debió ser investigado por la Fiscalía.

Córdova indicó que no existe ninguna causal que prohíba que los asambleístas visiten a un procesado, como lo sucedido con otros legisladores que visitaron a Galo Lara cuando estaba detenido y a pocos días de ser puesto en libertad.

Silva incluso enfatizó que este que la Fiscalía tampoco tiene nada que investigar en el caso de Espín puesto que no se puede basar únicamente en la palabra de Falcón y de la exlegisladora ya que el derecho penal indica que deben existir pruebas del supuesto intento de coacción.

¿Dónde está el principio de inocencia? (…) ¿Y si Falcón es una testigo protegida, porque no limitaron las visitas únicamente a personas autorizadas?

No hay pruebas debidamente confrontadas, insistió el jurista penalista al augurar una posible demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte IDH por este tema.

Zaidán coincidió con Silva al indicar que el caso de Espín debía ser investigado por la Fiscalía pues es de responsabilidad penal y no civil o administrativa.

No se pueden hacer interpretaciones extensivas para atribuir responsabilidad y eso lo dicen los estándares interamericanos.

Sobre los diezmos indicó que el repudio no puede ser selectivo pues “todos somos iguales ante la ley” e instó a los asambleístas a dedicarse a legislar y descartar los shows políticos.

Y es que para el constitucionalista la Asamblea hizo un ejercicio simbólico de que puestamente está atacando a la corrupción. “Y si hacemos una depuración y somos objetivos en el tratamiento de los temas nos quedaríamos con 20 legisladores

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