Indepaz denuncia 23 asesinatos de líderes sociales en Colombia

Enero fue un mes extremadamente violento para los líderes sociales en Colombia, 23 fueron asesinados, según datos recopilados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. A los que hay que sumarle otros dos ocurridos en lo que va de febrero.

Si bien la Fiscalía y el ministerio del Interior consideran como un dato positivo que la mitad de los asesinatos hayan sido esclarecidos, el gran escándalo es la facilidad con la que es posible abatir a defensores de derechos humanos, indígenas y líderes de organizaciones de base.

De la frontera colombiana con el Ecuador hasta la frontera con Venezuela, en todo el territorio las fuerzas de seguridad se ven superadas por las bandas criminales y paramilitares, cuando no son ellas mismas las causantes de las bajas.

Entre las víctimas hay exalcaldes, excombatientes de las FARC, miembros de las defensas indígenas. El proceso de sustitución de cultivos ilegales están generando una fuerte resistencia de las mafias establecidas en el territorio. En muchos casos los campesinos lamentan la desmovilización de las FARC, ya que tras su salida de los territorios ha ocurrido la irrupción de grupos militarizados que buscan imponerse a sangre y fuego.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, se bien contabiliza menos asesinatos denunció la impunidad impartida desde el Estado por el bajo nivel de investigación de las muertes y la negación de denuncias por parte de la Fiscalía.

Iván Madero, presidente de Credhos, aseguró al respecto: “Una de las debilidades que notamos desde la corporación es que, frente a la identificación del agresor, los casos que se presentan en la Fiscalía terminan asumiéndolo como desconocidos, porque no se hace relación con los actores armados que están en el territorio. Además, cuando esto ocurre, los casos terminan archivados. Las autoridades tienen que hacer una investigación exhaustiva, eficaz. También tiene que haber mucha eficiencia por parte del Ministerio Público para que no se archiven”.

Este viernes, el ministro Rivera, luego de la reunión de la Mesa de Garantías de Derechos Humanos en Popayán, anunció la preparación de un nuevo decreto que pretende proteger a las comunidades con mayor cantidad de líderes y defensores de derechos humanos amenazados.

Más allá de los dispositivos que pueda buscar aplicar el gobierno para emparchar una situación dramática, desde los territorios se exigen las inversiones en infraestructuras necesarias para dejar de vivir bajo la amenaza permanente de los paramilitares y las bandas criminales.

Con información de El Heraldo.

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