¿Hubo lavado de activos en la anterior Corte Constitucional?

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Punto Noticias.- El abogado constitucionalista, Antonio López, estuvo en Pichincha Universal. Él abordó el siguiente tema: ¿Hubo lavado de activos en la anterior Corte Constitucional?

Recientemente, la Corte Constitucional mostró su preocupación sobre las revelaciones de Arroz Verde 502. La investigación periodística muestra una red de corrupción donde aparecen altos funcionarios del régimen anterior. Uno de ellos es una exmagistrada de la Corte Constitucional: Pamela Martínez.

Para López, esa posición de la nueva Corte Constitucional refleja que está consciente de que la ciudadanía quiere transparencia. De esta manera, marca una distancia con la anterior Corte, indicó.

Pero, el abogado consideró que la nueva Corte debe transparentar algunas otras situaciones adicionales. Él citó, por ejemplo, el tema de arrendamiento. Es el caso, justamente, del contrato de arriendo en Guayaquil. Se trataba de un estudio para Pamela Martínez, en la sede del Colegio de Abogados de esa ciudad, cuyo presidente es el esposo de la ahora detenida. El valor del arriendo era de 13 mil dólares al mes.

También habría que preguntar sobre otro contrato de arriendo en Portoviejo (Manabí), insistió. «¿El contrato de arrendamiento de las oficinas en la Portoviejo pertenecían a un hijo de una exmagistrada?».

NEXO GLOBAL

López recordó que emprendió una serie de denuncias, contra los integrantes de la anterior Corte, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sobre Pamela Martínez, dijo que ella debe explicar sus vinculaciones familiares a través de la empresa Nexo Global.

Desde julio del 2013, Odebrecht le depositó a Nexo Global 20 mil dólares. En agosto, otra cantidad similar, continuó López. «En el 2014, durante todo el año, mensualmente le depositaba Odebrecht 10 mil dólares a Nexo Global. Es decir, 120 mil al año». Lo mismo ocurrió en el 2015, y en los primeros meses del 2016.

En la nómina de Nexo Global, aparecen familiares de Pamela Martínez. «Esta era una empresa familiar que estaba revestida de la posibilidad, según indica la Superintendencia de Compañías, para dar servicios tributarios y jurídicos».

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