Hay cuestionamientos al decreto de excepción sobre cárceles

decreto presidencial 741
FOTO: Brigada Patria

El decreto presidencial 741 contiene nueve artículos. Ahí se estableció que por 60 días, las FF.AA., la policía nacional y Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores “coordinen esfuerzos” para mantener el orden en los centros de rehabilitación social.

Desde el inicio de esta semana se dispuso que el exterior de las cárceles estén militarizadas. Ahora con la declaración de Estado de Excepción se ha hecho oficial. Mónica Vera, presidenta de la fundación Inredh, comentó que la disposición se esperaba desde inicios de este año, y que la Defensoría del Pueblo presentó el informe del Mecanismo para la prevención de la Tortura en el que ya se reportaba hacinamiento y altos niveles de violencia.

Vera también añadió que el decreto se centra exclusivamente en el tema de seguridad, cuando se había pedido que se enfocara desde los derechos humanos.

El citado decreto suspende también “el ejercicio al derecho a la inviolabilidad de correspondencia, libertad de información y libertad de asociación y reunión”. Pero, Vera sostiene deben existir definiciones claras de lo que se considera “reunión”. Si eso no existe se podrían vulnerar incluso el derecho a las visitas de familiares.

Otro asunto que genera alertas es en los ingresos no se vulneren los derechos de los familiares con chequeos efectivos. La presidenta de Inredh dijo que se ha pedido que la Defensoría del Pueblo que pueda ver este asunto. En ese sentido, ya hubo un primer acercamiento entre el defensor del Pueblo, Freddy Carrión y Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

FUENTE: La Hora