Gobierno oficializó propuesta para eliminar la SUPERCOM

Entrega del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, en la Asamblea Nacional. Foto: Twitter AN

La eliminación del linchamiento mediático, la desaparición de la Supercom, de la Defensoría de Audiencias, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, la ampliación de funciones del Cordicom, son algunas de las propuestas que contiene el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación (LOC), del Ejecutivo.

Al mediodía de este lunes, el secretario de Comunicación del gobierno, Andrés Michelena, dejó en manos de la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, la propuesta de normativa, para su correspondiente tramitación.

La inobservancia de la ley, que violente los derechos ciudadanos, será sancionada de acuerdo a lo que establece la LOC. La persona afectada podrá acudir a la Defensoría del Pueblo, para que otorgue, de manera inmediata, medidas de protección y restitución de derechos, active el patrocinio en acciones constitucionales o solicite el juzgamiento y la sanción, ante autoridad judicial competente, como explica Michelena.

 

La creación de un Observatorio de derechos humanos y justicia; la reclasificación de los medios públicos, al servicio institucional y al servicio ciudadano; la organización de un concurso abierto y transparente de frecuencias para medios privados y comunitarios; la asignación directa de frecuencias para las nacionalidades indígenas, son otros planteamientos de la propuesta oficial.

La titular del Parlamento Nacional se comprometió a priorizar el tratamiento del este proyecto de ley.

 

El asambleísta Patricio Donoso, de CREO, anunció que solicitará la creación de una comisión ocasional multipartidista, que trate con agilidad este proyecto de ley; además que planteará la derogatoria total de la actual LOC.

Mientras tanto, el legislador Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana, considera que las reformas a la LOC es una agenda de la derecha, que acogió el presidente Moreno. Recordó, el asambleísta, que el plan de gobierno que ganó en las urnas proponía fortalecer esta ley.

 

Respecto a la posibilidad de cambiar la disposición constitucional que define a la comunicación como un servicio público, el secretario de Comunicación adelantó que el gobierno elevará a consulta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para saber cómo proceder.

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