En juicio por presunto peculado en IESS, juez acusa a María Sol L. de cómplice

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Se mantienen medidas cautelares contra los acusados.

Punto Noticias. El juez de Garantías Penales, Máximo Ortega, decidió llamar a juicio a María Sol L. (exdirectora del Hospital Carlos Andrade Marín), Marco M., Griselda G., Henry M., Fernando G. y Bolívar B., quienes, presuntamente, habrían cometido delito de peculado.

“Fiscalía solicitó que todos fuesen juzgados como autores del delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal; sin embargo, la decisión del Juez fue llamar a juicio a Fernando G., Bolívar B., Henry M., y Griselda G. en calidad de coautores y a María Sol L. y Marco M. como cómplices de la infracción”, señala la información de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los ciudadanos Griselda G., Henry M., Fernando G., Bolívar B. y María Sol L. son exfuncionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Marco M. fue el contratista a quien se adjudicó el contrato”.

Luego de analizar los elementos de convicción presentados por la FGE, el magistrado tomó tal resolución, por la presunta irregular contratación de equipos oftalmológicos, para las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

También dispuso que se mantengan las medidas cautelares dispuestas, para garantizar su presencia en el juicio y una posible reparación integral al Estado.

“La investigación de este caso inició a raíz de un Informe, con Indicios de responsabilidad penal, emitido por la Contraloría General del Estado, con base en un examen especial realizado al proceso de contratación, efectuado por la comisión técnica de la planta central del IESS, relacionado con la compra, instalación y puesta en funcionamiento de equipos oftalmológicos, para varias unidades del IESS, a escala nacional.

El proceso investigativo, liderado por Fiscalía, determinó que María Sol L. formuló la necesidad para la adquisición de los equipos, sin que existiese un requerimiento por parte de los representantes de las unidades médicas, a las que iban a ser destinados y sin contar con un estudio de mercado que sustentara el precio y el beneficio para el IESS. Sin embargo, y aunque no contaba con la facultad legal para requerir equipos, esta acción no fue objetada por los directivos de la entidad.

La comisión técnica, durante la etapa precontractual, al momento de evaluar la adjudicación, no realizó los estudios adecuados de las propuestas presentadas, ya que no se tomó en cuenta otra oferta más económica, que también cumplía con los requisitos solicitados, hecho que se confirma con el informe de la subcomisión de apoyo, que señaló que las dos ofertas cumplían con todas las especificaciones en beneficio del Instituto. Por esta razón, se determina que se habría generado un perjuicio económico al Estado, superior a los cinco millones de dólares.

Asimismo, con base en el informe de Contraloría, se estableció que el proceso estaba direccionado a favor de una empresa. Además, que los equipos oftalmológicos estarían subutilizados, debido a que no se cuenta con personal capacitado para su operación y que otros ni siquiera contaban con un espacio físico para ser instalados, razón por la cual permanecieron embodegados por mucho tiempo”, de acuerdo a la información oficial de la FGE.