El sector privado ha perjudicado con USD 1000 millones al Estado a través de empresas fantasmas: L. Orlando

Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), informó que tras la intensificación de operativos para identificar a empresas fantasmas en el año 2016 se han detectado 512 grupos dedicados a esta trama y que han realizado transacciones por más de 2.100 millones de dólares con la entrega de comprobantes de venta a más de 18 mil clientes.

 

“Lo cual perjudicó al Estado con USD655 millones, que es el resultado del impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta”, sostuvo el titular del SRI, agregando que a ese valor  se suman USD 300 millones que no se cancela a los trabajadores por concepto de utilidades, es decir que el valor total por evasión superaría, con intereses y recargos, alrededor de USD 1000 millones.

 

El funcionario detalló que las empresas se aprovechan de gente de escasos recursos y toman su nombre para crear una fachada de persona jurídica con el fin de reducir el valor que les corresponde pagar por impuestos.  De ahí que Orlando destacó que tras el trabajo realizado por el SRI se logró recuperar más de USD 300 y de 18 mil clientes involucrados se han regulado ocho mil.

 

Papeles de Panamá

 

El titular del SRI aseguró que centenares de empresas ecuatorianas se han desvinculado de los denominados paraísos fiscales lo que ha significado una recuperación de 83 millones de dólares al fisco, sin embargo también reconoció que aún existen más de 200 grupos económicos que continúan en esta práctica.

 

Caso del ex ministro González

 

Orlando indicó que no se puede dar mayores detalles sobre el tema porque el caso está en proceso de indagación mientras el exministro siga prófugo.

“Está en una etapa de indagación previa donde la información es reservada; una vez que se inicia la instrucción fiscal, el expediente se hace público”, detalló.

Asimismo sostuvo que en este caso como muchos otros, entre Petroecuador y Odebrecht, el SRI ha actuado con base en las presunciones pues es la Fiscalía la que debe actuar por defraudación tributaria o por el delito que sea, para posteriormente llevar adelante los procesos judiciales.

 

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