Desidia y parálisis para conflictos indígenas en Argentina

Javier Martínez/Pressenza

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de la Argentina da cuenta de 437 procesos judiciales abiertos por conflictos de tierra con monitoreo del Estado. Algunos por la titularidad de las tierras, pero también por el incumplimiento de emprendimientos privados, que han destruido bosques nativos, han impedido el acceso al agua o han invadido territorios ancestrales.

Como mínimo, un número similar de causas están siendo llevadas adelante por los mismos originarios, oenegés u organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

De este millar de causas, 132 tienen sentencia firme y 102 implican el desalojo de las comunidades. En 2006 frente a este escenario catastrófico e inconstitucional, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó una ley que suspendió los desalojos y que permitía revisar cada sentencia para buscar soluciones alternativas.

La lentitud con la que se fue avanzando, entre otras cosas en la realización de catastros fidedignos de los reclamos indígenas, demoró las soluciones y esta normativa fue prorrogada en 2010.

EN septiembre de este año se volvió a prorrogar la ley 26.160 permitiendo que las comunidades puedan permanecer en sus territorios, mientras se culminan las tareas de relevamiento técnico. Sin embargo la crisis se agudiza y la situación de los pueblos originarios en los últimos dos años se ha complicado.

A los asesinatos cometidos por las fuerzas del Estado se debe sumar la desidia y abandono del gobierno de Mauricio Macri que ha arrinconado a los originarios, el INAI, el organismo encargado de defender y asesorar a los pueblos originarios ha visto reducida su plantilla y la partida presupuestaria. La situación es de alerta roja, hace unos meses la convergencia de pueblos reclamó “que se frene el exterminio”.

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