Consejeros del CPCCS insisten en su inocencia y califican proceso de juicio político de improcedente

Foto: CPCCS

La Comisión de Fiscalización valorará las pruebas y emitirá un informe que lo pondrá a consideración del Pleno.

Punto Noticias.- El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, y los consejeros Walter Gómez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio presentaron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sus pruebas de descargo ante el proceso de juicio político en su contra.

A los cuatro integrantes del CPCCS se los acusa de intentar conformar una comisión para revisar el proceso de designación de la Corte Constitucional efectuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Los interpelantes de este pedido de juicio político son los asambleístas Jeannine Cruz y Raúl Tello.

Además, Tuárez es cuestionado por falta de probidad para el cargo, cuyo interpelante es el legislador Fabricio Villamar.

También el titular del CPCCS tiene un tercer pedido de juicio político interpuesto por Tello, quien es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. El asambleísta cuestionó a Tuárez y Gómez por un supuesto incumplimiento de funciones al realizar proselitismo político, cuando la Ley del Consejo de Participación Ciudadana lo prohíbe.

Los cuatro consejeros tuvieron la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo. El primero en hacerlo fue el presidente del CPCCS, José Carlos Tuárez, quien respondió, en primera instancia,  sobre su situación patrimonial.

Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión, consultó a Tuárez sobre las pólizas cedidas a su favor para la compra de un camión. El titular del CPCCS se excusó de responder y dijo que eso pertenece a su fuero interno y que su patrimonio no asciende a 372.000 dólares. La respuesta de Tuárez demoró 22 minutos y fue leída de una hoja.

Posteriormente, el presidente del Consejo de Participación afirmó que no puede ser juzgado por la conformación de una comisión para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC) porque nunca se consumó. Ante esto, indicó una certificación otorgada por la Corte Constitucional.

Tuárez también explicó que su salida súbita de su anterior comparecencia en la Asamblea obedeció a que no hubo preguntas cuando fue invitado a comparecer en la Comisión de Participación Ciudadana y que por ese motivo es enjuiciado.

Añadió que tampoco se considera un consejero de escritorio, sino de territorio y que este mes ha realizado un trabajo de participación ciudadana.

Tuárez fue enfático en señalar ante la Comisión de Fiscalización que no es representante de una orden religiosa, pues sostuvo que en abril le concedieron la exclaustración, una vez que se confirmó su triunfo en las elecciones.

Afirmó que está siendo enjuiciado políticamente por antipatía y que las acusaciones son simples conjeturas.

Mientras Tuárez comparecía en la Asamblea, en los exteriores había un grupo de manifestantes que, con proclamas a favor del CPCCS, generó incidentes. La Policía Nacional utilizó gas lacrimógeno para disuadirlos.

La consejera Victoria Desintonio rechazó enérgicamente esta actuación y se solidarizó con el grupo de manifestantes. “Ellos ejercen su libertad de expresión en defensa del CPCCS. Todo mi apoyo y solidaridad a los agredidos”, dijo.

Desintonio leyó un documento para presentar su descargo. En él mencionó que el Consejo de Participación Transitorio tomó decisiones inconstitucionales y como el nuevo Consejo, al que ella representa, no estuvo conformado por coidearios del anterior Consejo, entonces se los cuestionó.

La consejera subrayó que como no ganaron los candidatos del Transitorio, se inventaron cualquier excusa para frenar el accionar del nuevo CPCCS.

Exclamó que se ha retrocedido al país que se lo manejaba como una hacienda, porque el Gobierno busca controlar al Consejo para que no se investiguen los actos de corrupción.

En tanto, Rosa Chalá, vicepresidenta del CPCCS, calificó de improcedente el juicio político en su contra, porque se dejó sin efecto la integración de la comisión que iba a revisar la designación de los jueces de la CC.

Chalá invitó a la Asamblea Nacional a trabajar conjuntamente, sobre todo, en las competencias que la Constitución les faculta.

La consejera mostró cifras de que los 13 miembros de la Comisión reúnen 1’174.627 votos y ella sin publicidad 2’309.286 votos. Ante esto, los asambleístas le hicieron notar que ellos son provinciales y ella nacional.

Durante su comparecencia, Chalá responsabilizó a la prensa de informar mal y aclaró que ella no es Correísta.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Johanna Cedeño, le aclaró a Chalá que a ella le corresponde probar su inocencia.

Aclaró que a la Comisión de Fiscalización no le corresponde demostrar la culpabilidad o inocencia de los involucrados en este proceso, porque ese papel lo deben cumplir los interpelados e interpelantes.

Dijo que el juicio político conlleva un proceso de sustanciación de la prueba, valoración de los cargos y descargos y la elaboración de un informe final con recomendaciones que pueden ser acogidas o no por el Pleno de la Asamblea Nacional, el que toma la última decisión.

En tanto, Azuero, pidió a sus compañeros bajar las armas porque hasta que no se demuestre lo contrario, los cuatro consejeros tienen derecho a la presunción de su inocencia.

El consejero Walter Gómez, en cambio, pidió a los asambleístas el archivo de la solicitud de juicio político en su contra.

Aseveró que no incumplió funciones y que fue objeto de linchamiento. “Lo único que intentamos es decir la verdad, el derecho debe primar sobre cualquier situación política”, sostuvo.

Fuente: Comisión de Fiscalización, Consejo de Participación Ciudadana, redes sociales