Alrededor de 49 familias han huido de San Lorenzo tras ataques en frontera

FOTO: El Comercio

Según la Defensoría del Pueblo, los hechos violentos ocurridos entre el 17 y 20 de febrero del pasado en las comunidades fronterizas de la zona norte de Esmeraldas, producto de la confrontación entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares han provocado el desplazamiento de 49 familias, quienes se han visto obligadas a salir de la zona en búsqueda de refugio.

Los hechos han dejado, al momento, un saldo lamentable de dos militares ecuatorianos heridos y una persona privada de libertad.

A ello se suma, según el COE local, alrededor de 49 familias afectadas, que se han visto obligadas a salir de la zona en búsqueda de refugio. “Se conoce que 196 personas entre hombres, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes han sido desplazadas” detalló el organismo en un comunicado.

 

Ante ello, la Defensoría del Pueblo pide:

  1. El compromiso institucional para fortalecer nuestra presencia con brigadas humanitarias que se enviarán al Cantón San Lorenzo durante el tiempo que dure la crisis; así como el exhorto para que las otras entidades competentes lo hagan.
  2. La urgencia de brindar protección y asistencia humanitaria, emergente y a mediano plazo, a las familias desplazadas que están llegando a San Lorenzo; para lo cual se sugiere valorar la activación del COE Nacional y mantener el funcionamiento del COE local, así como, unir los esfuerzos del Gobierno Nacional, las agencias del sistema de Naciones Unidas y las redes de protección de las organizaciones de sociedad civil y humanitarias que se encuentran en la zona, tomando en cuenta la complejidad de los factores y actores presentes.
  3. La importancia de mantener una coordinación inmediata con las autoridades e instituciones del Estado Colombiano y particularmente con nuestra contraparte, al estar afectadas comunidades trasfronterizas.
  4. Su solidaridad para con los miembros de las Fuerzas Armadas que han sido heridos en la confrontación con los grupos armados irregulares, así como con sus familias y recomienda su oportuna e integral atención.
  5. Que el tratamiento a las personas detenidas en aplicación del estado de excepción garantice sus derechos fundamentales y las garantías del debido proceso conforme lo establece la Constitución de la República y los estándares de derechos humanos vigentes.

(Defensoría del Pueblo)

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