Propuesta de reformas al Código de la Niñez prepara la Defensoría Pública

La Defensoría Pública, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, está preparando una propuesta de reformas al Código de la Niñez, que pondrá a consideración del país en los próximos meses.

Con el fin de analizar la situación del proyecto de reformas al Código de la Niñez, propuesto por el expresidente Rafael Correa, que se encuentra en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo, se reunió con representantes de organizaciones que trabajan por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

En opinión de los participantes, es importante que la Comisión de Justicia recomiende el archivo de esa propuesta porque significa un retroceso en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y puede convertirse en una herramienta de presión y, en el peor de los casos, de violencia contra las mujeres.

Patricia Calero, del Pacto por la Niñez, planteó que es importante aprovechar las oportunidades para el diálogo que se han abierto en el país para impulsar un “diálogo por la niñez, en el marco de los derechos de los niños y niñas, que puede empatar con el que se impulsa para legislar sobre una ley que aborde la violencia hacia las mujeres”.

Para Leonor Fernández, de Cedeal, uno de los temas preocupantes del proyecto, entre otros, es que “biologiza la familia y no se refiere a los distintos tipos de familia, una concepción que va en contra de la Constitución y que no refleja la realidad de la sociedad ecuatoriana”.

El Defensor Público General mantuvo su posición de que es necesario que la Comisión recomiende al Pleno de la Asamblea el archivo del proyecto, porque a pesar de que recoge aspectos positivos como el principio de corresponsabilidad parental, la posibilidad de la tenencia compartida y los nuevos roles de la familia, tiene puntos preocupantes.

Sostiene que afectaría a la pensión de alimentos, porque deja abierta la posibilidad de que el juez, de manera subjetiva, decida sobre la capacidad de consumo del niño y que junto al pago en especies, en el fondo, lo que pueda ocurrir es que el niño reciba menos dinero en efectivo poniendo en riesgo su manutención para necesidades básicas como salud o educación.

Asimismo, ve con preocupación que se pretenda exigir cuentas a quienes tienen bajo su responsabilidad a los niños, en el caso ecuatoriano, sería en gran parte a las mujeres. “Es preocupante porque puede ser otro factor para incrementar la violencia contra las mujeres, tomando en cuenta que más de un 80 por ciento de pensiones de alimentos son menores de 200 dólares”, advierte.

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