Preacuerdo para finalizar paro médico en Bolivia

El ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, presentando el preacuerdo. Foto: ABI

Primero fueron 10 horas de negociaciones en Santa Cruz, más tarde otras 13 en Cochabamba y parecía que el acuerdo era imposible entre los médicos colegiados y el gobierno boliviano. Sin embargo, se pudo firmar un preacuerdo para resolver el paro que ya lleva 42 días.

Para alcanzar ese acercamiento, el gobierno debió dejar sin efecto tres decretos supremos, dejar en suspenso el artículo 205 y revisar algunos más del nuevo Código Penal, todas exigencias del Colegio Médico. Además, se conformó un equipo de trabajo para realizar una cumbre nacional para construir un nuevo sistema de salud.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero fue quien anunció públicamente este principio de acuerdo, que debe ser convalidado por las bases de los médicos.

“Hemos tenido momentos de mucha tensión en el debate, pero hemos podido arribar a un preacuerdo en los siguientes términos”, dijo en compañía del viceministro de Autonomías, Hugo Siles; y el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles.

Los galenos rechazaban la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, por considerar que no había tenido en cuenta la opinión de los propios médicos. “Con relación a la fiscalización del sector público y privado deberá ser reorganizado, optimizado, evitando la burocratización, fragmentación y duplicidad de entes fiscalizadores entre sub sectores de salud”, explicó el ministro, en la lectura del preacuerdo.

Otra de las medidas discutidas tenía que ver con la praxis médica, en su enunciado en el Código Penal, algo que dejará de aplicarse, hasta que se apruebe una Ley General de Salud y se conforme un Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje. Se ha puesto como plazo límite para esto, junio de 2019.

Desde el gobierno se acusa a sectores del Colegio de Médicos que buscan que el paro se convierta en una herramienta conspirativa. El preacuerdo busca el compromiso de los médicos para resolver los conflictos de intereses que puede tener el servicio de salud.

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