Nuevos ataques policiales mortales en Colombia

La policía colombiana aceptó haber disparado este domingo contra miembros de la misión humanitaria de autoridades locales, Oenegés y periodistas que buscaban alcanzar el municipio de Tumaco donde la semana pasada uniformados asesinaron a varios campesinos.

Además de disparar, también tiraron granadas en las cercanías de la aldea de Tandil. Si bien el organismo de seguridad lamentó la “situación”, el ataque contra más de 200 personas convierte a este municipio de Nariño en una zona muy convulsa.

Quien fuera director de la policía colombiana, el actual vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo considera que falta que las autoridades policiales den una “explicación suficiente” sobre la agresión a la misión humanitaria.

De la masacre de seis campesinos del pasado jueves, todavía están recibiendo tratamiento médico una veintena de cocaleros.

De la misión humanitaria formaban parte miembros de las organizaciones Justicia y Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Corporación Jurídica Yira Castro, Asociación Minga, Diálogo Intereclesial por la Paz, Somos Defensores, Conpaz y Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta. Además de periodistas de diversos medios y representantes de Naciones Unidas.

La policía niega haber asesinado a los campesinos, sin embargo la Defensoría del Pueblo emitió ayer un comunicado donde señalan a la policía antinarcóticos como la responsable de la muerte de inocentes.

Durante el fin de semana también fue asesinada la comunicadora de 37 años, Efigenia Vásquez Astudillo, graduada en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Popayán y que trabajaba en la emisora Renacer Coconuco.

Durante brutal desalojo de las fuerzas antidisturbios (ESMAD) en la finca Aguas Tibias, que ocupaba la población originaria, Efigenia murió y otro manifestante, John Yace, se debate entre la vida y la muerte.

La violencia descontrolada de las fuerzas de seguridad en Colombia están costándole la vida a decenas de personas, pese a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP y el cese al fuego declarado con el ELN.

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