Niños, niñas y adolescentes LGBTI, La Libertad Estética

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ILUSTRACIÓN: Florencia Capella (Agencia Presentes)

HOMBRE, MUJER: LA LIBERTAD ESTÉTICA

Niños, niñas y adolescentes LGBTI, La Libertad Estética

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El tema abordado abre también otro ángulo: el de la libertad estética. La activista por los derechos LGBTI, Diana Maldonado, dijo que existen denuncias en las que, por ejemplo, el centro educativo le exige a un chico que se corte el pelo porque si no, no ingresa al colegio. O cuando a una chica de cabello corto, le piden que use peluca. Si el o la estudiante usa piercing, tatuajes, cabello pintado, entonces, les cae el castigo, afirmó la activista.

Pero ¿cómo entender la libertad estética cuando, los casos señalados, son entendidos como “indisciplina”? Maldonado explica que irrespetar esa libertad estética coarta el libre desarrollo de la personalidad. Precisa, además, que no hablamos de chicos LGBTI sino de NNA que quieren manifestar esa transgresión con su cabello, el piercing, entre otros. 

El tema no es menor. Desde el 2017, nueve organizaciones de Guayaquil y Quito, presentaron una queja a la Defensoría del Pueblo por el irrespeto que existe al derecho constitucional de la libertad estética, en el sistema educativo. La resolución defensorial logró ver la luz, prosiguió la activista, y el Ministerio de Educación también se pronunció. «Nos dijeron que iban a pedir que los códigos de convivencia (de las unidades educativas) sean trabajados nuevamente, para que no tengan ninguna restricción a la libertad estética». 

Maldonado enfatiza que, con este irrespeto a la libertad estética, aparece una manera de enseñar a los NNA que a todo aquel que se vea diferente está bien que lo molestes. Lo hostigues. Lo segregues. Si se ve a una chica con cabello corto se piensa que es marimacho o lesbiana. “Se aprende que una orientación diferente a la heterosexual está mal”. En otras palabras: está bien decir o hacerles algo porque ellos (los diferentes) transgreden la norma. No solo eso, sino que se reafirma –dijo- los roles de género, masculino y femenino.

Pero Maldonado, no reflexiona solamente desde la teoría. Ella vivió en carne propia cómo la unidad educativa donde estudia su hija limitó el desarrollo de su personalidad. Su hija tiene tres piercing (uno en cada oreja y un septum, en la nariz). La unidad educativa exigió que la menor deje de usarlas.

La presión fue tal que el caso terminó en instancias de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación. Pese a que estas instancias respaldaban a Maldonado, la directora le espetó: “Esta es mi institución y aquí se hace lo que yo diga”. La directora insistió que si ella dice que no se debe llevar tal o cual cosa, pues no se hace. O, en todo caso, que la menor no se matricule en esta unidad educativa. Pero, Maldonado le dijo que eso (los piercing) no tendría que ser motivo para negar el derecho de matrícula.

El asunto condujo a que la menor use dos de tres piercing. La directora aceptó a regañadientes, entre conversaciones que situaban a Maldonado como mala madre por permitir eso a su hija. La menor, finalmente, pudo usar el piercing de las orejas; el de la nariz, no.

Otro caso ocurrió en Quito. Ella estudiaba en un colegio militar y decidió cortarse el pelo. Al llegar al colegio recibió la advertencia del director: si quieres recibir clases deberás ponerte una peluca. La autoridad del colegio argumentó que el Código de Convivencia indica que las chicas deben usar el cabello largo, mínimo hasta los hombros. Se abrió un proceso, sin embargo, la estudiante ya recibía la presión y rechazo de algunos alumnos y profesores. Incluso, en redes sociales, ella era calificada de “puta”.

La estudiante ganó el proceso y la unidad educativa tenía que pedir disculpas. Pero eso no sucedió, y ella tuvo que dejarse crecer el cabello.

Maldonado relata otro caso ocurrido en Ibarra. La adolescente usaba piercing y las puntas de sus cabellos eran de colores. Hubo molestia y presión contra ella en el centro educativo. La madre de la adolescente se quejó en la Junta Cantonal, y pese a que se le dio la razón, el colegio nunca hizo caso ya que su Código de Convivencia establecía normas estrictas.

“Por eso lo que hemos hecho es pedir, casi exigirle al ministerio, que haga una revisión de los códigos de convivencia y que saquen todo esto. Para los chicos se convierte en un verdadero infierno” enfatizó Maldonado. A causa de esas normas, continúa, aparecen excesos contra el estudiantado: recibir advertencias de que te bajarán puntos por llevar el cabello verde, o que los inspectores se burlen de ti y el resto de estudiantes haga lo mismo. “A eso súmale que sean LGBTI. Es doblemente peor”.

Si bien se logró que el Ministerio de Educación pida la revisión de los códigos de convivencia, eso hasta ahora no ha sucedido. «Se ve que en los colegios las cosas siguen igual, pese a que el ministerio envió una circular a nivel nacional».

EL PROTOCOLO, ¿UN SALUDO A LA BANDERA?

Edgard Zúñiga, docente e investigador de la UDLA, realizó una investigación llamada “Bullying homofóbico en Quito”, en la que pudo conocer testimonios dolorosos. Él aborda este tema, justamente, ante la escasa existencia de datos de la violencia escolar, y en particular, de la violencia que sufre la población sexo-genérica diversa. No se diga en niños, apuntó.

La investigación reveló testimonios de jóvenes que, en su etapa escolar, han sufrido amenazas de muerte en su unidad educativa por ser diversos. Que han dejado de estudiar para proteger su vida y la de su familia. Zúñiga explica que, lo que tienen en común todos estos testimonios, es que su unidad educativa se convirtió en un espacio no seguro para ellos. El investigador agrega que muchos tuvieron secuelas complejas, o son sobrevivientes de suicidio o son personas que vieron modos para gestionar sus emociones: cutting, auto-flagelaciones, consumo de sustancias, deserción escolar, entre otros.

O, por otro lado, algunos encontraron en la excelencia académica una forma de escudarse de la situación de violencia sufrida.

En marzo del 2017, el Ministerio de Educación emitió un Protocolo de Actuación en Casos de Violencia, cometidos o detectados en las unidades educativas. “Es un documento donde por primera vez se reconoce los motivos socio-culturales, de discriminación, por orientación sexual e identidad de género”, dijo Zúñiga.

No solamente este documento visibiliza a la población diversa. También está el Protocolo de Embarazo Adolescente, Paternidades y Maternidades. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, también. Pero, no basta. O al menos así lo piensa Ximena (nombre protegido), una activista lesbiana que se desempeñó como directora zonal de educación especializada inclusiva del Ministerio de Educación.

Cuando ella ocupó el cargo tuvo que capacitar y sensibilizar a su equipo para identificar casos de bullying homofóbico. En un primer momento le decían que esos casos no existen. Los DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) de las unidades educativas también aseguraban esoPero la persistencia que ella tuvo en el tema hizo que su equipo estuviera más alerta. “Y, entonces, empezamos a encontrar particularidades”.

Fue así que “hubo un distrito que reportó 22 casos de homofobia en adolescentes. ¡Un distrito!”, enfatiza Ximena. “Los casos no eran visibles porque no había una gestión que empezara a posicionar el tema”. La exfuncionaria cree que esta invisibilización del problema es porque se cree que lo LGBTI es para una población adulta y no para adolescentes, menos aún que pueda presentarse en niños o niñas. Se asume que todas las personas son heterosexuales, puntualiza. 

Ella recuerda que hubo una vez el caso de un chico que, por la descripción de la situación, se trataba de homofobia. Pero, sus colegas de entonces veían el caso como acoso escolar. Ximena, al enterarse del caso, notó además que el chico tenía ademanes y comportamientos afeminados. No correspondía con el prototipo de adolescente brusco, rudo, o que cumplía con los roles masculinos. Los compañeros de este chico “le pegaron fuertemente, diciéndole que no se portaba como hombre”. Ante este caso, Ximena cree que sus colegas se quedaron en la negación del problema.

Sin embargo, ella mantiene una postura crítica: el Ministerio de Educación podrá tener sus protocolos, rutas y materiales institucionales sobre la homosexualidad, pero, son “medidas suaves”. El hecho que existan los protocolos no significa que se implementen o se generen mecanismos de verificación. Como sí pasa, por ejemplo, con el tema de violencia sexual. Ximena dice que para eso hay matrices, seguimiento, reuniones, evaluaciones. “Pero por el tema de violencia por discriminación por orientación sexual, no hay nada de eso. No hay un instrumento para verificar, para evaluar, para saber cuántos estudiantes tenemos con diversas orientaciones sexuales, para saber si tenemos estudiantes trans. No hay eso”.

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