La Fiscalía no tiene presupuesto ni plan para atención de niños y adolescentes violentados, según Fundación

Foto: Radio Pichincha Universal

Y en con los jueces es peor, porque quienes procesan los casos están especializados en problemas de adolescentes infractores.

Punto Noticias.- Carlos Játiva, presidente de la Fundación Defensa de Niños, Niñas y Adolescente; y Efigenia Witt, abogada, lamentaron la ineficiencia del sistema judicial que ha dejado en la impunidad a la mayoría de casos de violencia infantil pese a que las leyes existentes obligan a tener una política pública que proteja a los menores de edad violentados física y sexualmente.

Játiva criticó que el 2 de mayo, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, habló de más de cuatro mil casos de abuso sexual en el país y  un mes después contradijo esa cifra indicando ante la Asamblea Nacional que los casos son de 1.241: «¿Qué pasó con la diferencia? ¿Se resolvió? ¿O es la ligereza con la que el mundo político trata los casos de violencia? Es una muestra de que la Fiscal no tiene claro el asunto y es triste porque detrás de cada denuncia hay un verdadero drama humano”

Lamentó que el Estado tenga un discurso rimbombantemente vacío sobre la protección a la niñez y adolescencia porque si en las capitales el sistema judicial funciona solo con algunos casos, en las ciudades rurales los casos prescriben o quedan en la impunidad.

Por su parte Witt recordó que cuando le consultó a la Fiscal Salazar cuál es presupuesto para la atención de niños, niñas y adolescentes y el programa de atención en caso de violencia, su respuesta fue que ninguno: “Porque no hay plan, más bien dijo que faltan fiscales, falta presupuesto, faltan especialistas para atender víctimas. Y eso en Fiscalía porque en caso de jueces es peor, porque están especializados en problemas de adolescentes infractores y tratan al perpetrador como si se tratará de un adolescente infractor”.

Con esa base indicó que la violencia a los niños y adolescentes pasa por dos problemáticas, uno la naturalización social y dos la administración de justicia que deja en la impunidad la mayoría de casos. Y en ese sentido indicó que incluso en el Código Integral Penal que debería endurecer las penas, se reduce la pena privativa de la libertad de 8 a 5 años para abusos sexuales, desde la promulgación de la ley en 2015.

ESCUCHE LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ: