Investigación muestra implicancia estatal en asesinato de Berta Cáceres

Un nuevo reporte del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) demostró la implicación de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato de la defensora ambientalista y lideresa originaria, Berta Cáceres en Honduras.

El informe se llama “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”, y reúne y sintetiza un trabajo de más de 40 mil páginas, incluyendo registros telefónicos, chats, mensajes de texto, GPS y correos extraídos de los celulares que fueron incautados a lo largo de la investigación penal.

El documento demuestra que el plan para acabar con la vida de la ganadora del Premio Goldman en defensa del medio ambiente había comenzado a gestarse en noviembre de 2015, cinco meses antes de que se asesinara a la activista.

Tras el asesinato de Berta el 2 de marzo de 2016, la familia solicitó que se conformara un grupo internacional para monitorear al Ministerio Público. El gobierno se negó, así que la familia y la COPINH consiguieron apoyos internacionales para hacerlo de manera independiente. Ahora el informe del GAIPE demuestra la complicidad entre el Estado y la empresa que maneja la represa Agua Zarca en su asesinato.

Además de la red criminal, el documento también demuestra la negligencia intencional aportada a la investigación oficial y la participación de fondos extranjeros para la financiación de todos los delitos.

Berta Cáceres lideraba la lucha de las comunidades indígenas lencas para frenar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una de las más de 140 concesiones que el gobierno hondureño autorizó desde su golpe de Estado en el 2009.

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