Gobierno de Chile propone el ‘diálogo’ para terminar con protestas

Esto tras intensas jornadas de manifestaciones en este país

El Gobierno de Chile propone hoy el llamado al diálogo para aplacar la ola de protestas contra las políticas neoliberales, clamor popular fuertemente reprimido por las fuerzas del orden y efectivos militares.

Tras la aprobación en el Senado (Parlamento) de un proyecto de ley para congelar el alza de los precios del transporte, detonante de las manifestaciones, el presidente Sebastián Piñera anunció que sostendrá reuniones este martes con dirigentes de partidos del oficialismo y la oposición para abordar la crisis social existente en el país.

Durante una alocución en cadena nacional, el mandatario hizo un llamado a la unidad para buscar una salida negociada al caos reinante en la nación sudamericana, sumida en una ola de protestas en contra las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo.

‘Tenemos que avanzar con mayor ritmo para encontrar soluciones más rápidas a los problemas de los chilenos’, indicó el jefe de Estado, quien a renglón seguido extendió el Estado de Emergencia a las regiones de Atacama y Los Lagos.

Asimismo, permanecieron en toque de queda la región Metropolitana, Antofagasta, Copiapó, Caldera, Vallenar, La Serena y Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

Entre las reacciones inmediatas al anuncio del presidente de la República, el titular del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, denunció que la reunión convocada por el Gobierno se realizaría ‘en base a promesas presidenciales, que parece se cocinó reservadamente y con preacuerdos’.

De acuerdo con una publicación de la tolda política en la red social Twitter, el Ejecutivo debe conversar primero, ‘cara a cara’, con las organizaciones sociales, en vistas de que el incumplimiento de esas promesas resultó precisamente el causante de esta explosión social.

Durante varias jornadas miles de chilenos desafiaron el toque de queda y el riesgo de represión para protestar ?en la mayoría de los casos de forma pacífica- contra lo que diversos actores sociales calificaron como resultado de la exasperación ciudadana con un modelo fundado en el abuso, la precarización de la vida y el divorcio de la voluntad popular.

Ante este escenario, medio centenar de líderes y organizaciones sociales de Chile convocaron hoy a conformar un nuevo pacto social mediante una Asamblea Constituyente.

Entre los promotores de la iniciativa se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores, la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, Cumbre de los Pueblos, Corporación Humanas, entre otros.

Subrayaron que la clase política resulta ‘culpable de haber sido un instrumento para la instauración de un modelo fundado en el abuso’, el cual que considera los derechos sociales como oportunidades de lucrativos negocios.

Por su parte, la CUT anunció que convocará a una huelga general ante la grave crisis social existente en el país.

‘Mañana (este martes) junto a múltiples organizaciones y movimientos sociales agrupados en la mesa de Unidad Social convocaremos a una huelga general para el miércoles 23 de octubre. Nos cansamos, nos unimos, señaló la entidad sindical a través de la red social Twitter, con las etiquetas #NoEstamosEnGuerra y #EstamosUnidos.

El llamado al paro por parte de la CUT sigue a una convocatoria similar presentada por sindicatos mineros y portuarios de Chile, en apoyo a las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, fuertemente reprimidas por la policía de Carabineros y el Ejército, con el empleo incluso de armamento letal.

Este lunes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó las últimas estadísticas de ciudadanos detenidos y heridos por armas de fuego a nivel nacional, en el contexto del estallido social.

De acuerdo con el organismo, desde el jueves 17 de octubre, cuando comenzaron las protestas, se reportaron mil 420 personas detenidas por las fuerzas del orden y al menos 84 heridos por armas de fuego.

Adicionalmente, el INDH denunció que menores de edad sufrieron lesiones durante las detenciones, caracterizadas por el uso desmedido de la fuerza y algunos casos de vejaciones sexuales.