Fiscalía allanó 3 dependencias del Ministerio de Salud

Imagen: FGE

Operativos tienen relación con investigación sobre pruebas rápidas de VIH/sida.

Punto Noticias. Tres allanamientos, en Quito, Guayaquil y Puyo, realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), a dependencias del Ministerio de Salud Pública.

Las irrupciones tienen relación con las indagaciones sobre las pruebas rápidas de VIH/sida que autorizó la secretaría de Salud.

Aquí el comunicado de la FGE:

Quito, 04 de junio de 2019.- La Fiscalía General del Estado informa que, a lo largo de este día 4 de junio de 2019, se llevaron a cabo tres allanamientos en las ciudades de Guayaquil, Quito y Puyo, dentro de la investigación previa que se sigue en contra del Ministerio de Salud Pública por el delito tipificado en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los operativos en Guayaquil se realizaron en los laboratorios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); en el Puyo, en el Centro de Salud tipo A Morete; y en Quito, en las bodegas del Ministerio de Salud ubicado al sur de la ciudad, en el sector del Beatereo.

Durante las diligencias se  incautaron pruebas rápidas para la detección del VIH de cuarta generación, las mismas que serán llevadas a través de la cadena de custodia correspondiente para ser analizadas por peritos especializados.

Información complementaria

El artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal establece lo siguiente: “Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados.- La persona que importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o expenda medicamentos o dispositivos médicos falsificados o que incumpla las exigencias normativas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La persona que expenda o despache medicamentos caducados y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses. Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con una multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la misma”.