Fiscalía abre investigación contra Jaime Vargas por su llamado a crear “ejército propio”

El ministerio de Gobierno entregó esta mañana las declaraciones del dirigente indígena

Punto Noticias. Ante las declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, en las que hizo un llamado a la creación de un “ejército propio» del movimiento indígena, la Fiscalía inició una investigación previa, con base al artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre grupos subversivos.

 

“La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y Policia Nacional. atacadas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”, señala el COIP.

En Morona Santiago, el sábado pasado, el dirigente de la CONAIE dijo: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”.

Hoy en la mañana, el Ministerio de Gobierno entregó estas declaraciones a la Fiscalía General del Estado. A través de su cuenta de Twitter, el Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que “lo que complica el diálogo es el cometimiento de delitos. Como Gobierno no vamos a quedarnos callados frente a un llamado fuera de lugar, a formar un ejército”.

Vargas, en un comunicado, explicó que “en relación a la formación de la Guardia Indígena que nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente, tiene como objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros territorios y nuestras gentes en coordinación con las autoridades tradicionales y toda la comunidad”.

Señaló que hubo una descontextualización por parte de medios de comunicación sobre sus declaraciones en Morona Santiago.

Fuente: Fiscalía, El Comercio