El sistema judicial requiere de reformas que garanticen la independencia de los jueces: E. Pazmiño

Ernesto Pazmiño, Defensor Público, insistió en la necesidad de reformar el Código Integral Penal y el Código Orgánico de la Función  Judicial. En el primer caso, señaló que se deben establecer sanciones adecuadas, pues actualmente la normativa criminaliza la pobreza, mientras que es débil en temas de corrupción; y en el segundo caso se debe fortalecer la independencia en el actuar de los jueces.

Respecto al Código de la Función Judicial, Pazmiño explicó que dentro de la normativa existe el término de “error inexcusable”, que da la potestad al Consejo de la Judicatura de valorar la decisión de un juez y destituirlo de ser el caso, lo cual pone en entredicho la independencia del sistema de justicia, pues el ente que debe evaluar jurídicamente las sentencias es la Corte Nacional de Justicia.

 

“Hay muchísimos casos en los cuales el Consejo de la Judicatura puede actuar de manera correcta y sancionar a jueces, en el marco de procesos administrativos”, sostuvo el funcionario recalcando que no debería hacerlo en el caso de sentencias.

 

El defensor público ejemplificó con el tema de prisión preventiva, según el cual los jueces por temor a perder el puesto prefieren dictarla como la única medida sancionatoria en lugar de buscar otras alternativas que sí existen dentro del Código Integral Penal. “Y por esa razón hemos pasado de 9.300 presos a casi 35 mil. Y no importan los derechos, como la libertad o la defensa sino cuidar mi puesto, porque si no pongo prisión preventiva voy a perder el trabajo”, añadió.

 

Hace falta tener una justicia que actúe y que mida con la misma vara a todos, insistió Pazmiño, a la vez que criticó el COIP que a su criterio criminaliza la pobreza y da sanciones leves a casos de corrupción o a altos funcionarios.

 

“Aquí la ley  debería establecer que el corrupto a más de ir a la cárcel, devuelva lo robado, es decir, extinga los derechos de dominio de bienes mal habidos”, puntualizó el funcionario quien dijo que por lavado de activos la sanción es de 8 meses de cárcel y una multa de 89 dólares mientras que por robar un celular se puede establecer una pena de hasta 10 años de prisión.

 

Las reformas al COIP según Pazmiño, también deben apuntar a que la Fiscalía pueda investigar casos de corrupción sin necesidad de tener un informe de la Contraloría, a menos que vaya a iniciar el proceso judicial.

 

Pazmiño recordó que todas estas propuestas de reforma las presentó en julio de 2016, sin embargo la Asamblea Nacional no se ha pronunciado al respecto, por lo que dijo tener la confianza de que en este año se revisen estos temas.

 

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