El Estado es cómplice y encubridor de violencias sexuales dice Virginia Gómez de la Torre

Foto: Rayuerla Radio

Comenta la experta, que el «Estado tolera, naturaliza, es negligente y es indolente frente a la mitad de la población que sufre violencia de género», insiste.

Punto noticias.- Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, tiene una charla muy importante con Punto Noticias en exclusiva, para tratar un tema sobre derechos humanos, derechos de la mujer, frente al caso de Paola Guzmán Albarracín que a los 18 años toma importancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH).

Para Virginia Gómez de la Torre es un día histórico, “especialmente para Petita la madre de Paola, quien fue violentada de la manera más atroz, a sus 14 años cuando fue violada por el vicerrector, Bolívar E. donde el Estado demostró, negligencia e indolencia, ante una niña que debía ser protegida en ese espacio educativo”, indica la especialista.

El espacio educativo está representado el Estado, en quienes trabajan en ese lugar, indica la representante de la Fundación Desafío, este es un caso de femicidio de Estado porque éste no encuentra, una respuesta a la violencia sexual, que fue víctima durante dos años, por parte de este delincuente llamado Bolívar E. y ahora no se encuentra el paradero; es palpable que la administración de justicia no hizo nada frente a la imagen de una niña violentada por dos años”, insiste.

Torres revela, que “hay otro protagonista que es el ministerio de salud, esta niña tuvo que tomar esa medida porque el médico de la instancia educativa, también le pide relaciones sexuales para hacerle un aborto”.

“En el tras fondo de este caso está la Corte Constitucional (CC), que deberá dirimir si el aborto por violación es legal o no, si se lo despenaliza o no”, asegura la especialista. “El Ecuador es responsable de la violación y embarazos no deseados que sufren más de 3.000 niñas al año. De cada 10 víctimas de violencia sexual 6 son niñas”, menores de edad.

Enérgicamente lo dice Gómez de la Torre, “el Estado es cómplice y encubridor de todas las violencias sexuales que sufren niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo. Está ahí palpable, como el caso AMPETRA”.

“Es increíble que el Estado haya dilatado la reparación a la madre de Paola y su familia. Hoy Paola hubiese tenido 33 años, con proyectos de vida que no se cumplieron porque el estado no la protegió”, asevera.

La representante de la Fundación Desafíos da otro caso “Norma debió tener un hijo, porque fue violada por su padre, y se vió obligada por el Estado para tenerlo, ahora Norma vive en la pobreza cuidando a su hijo hermano”. Sostiene que “en el sistema de las Naciones Unidas nuevamente el Ecuador está sentado en el banquillo de los acusados por no proteger a su pueblo”.

“Si la CIDH le dice a Ecuador que tiene que revisar su legislación respecto de la penalización del aborto en caso de violación pues la tiene que revisar, y estamos a tiempo”, insiste la experta. “Hay muchas mujeres que no quieren parir de su violador, y es necesario finalizar su embarazo, para luego sanar su espíritu, su mente y cuerpo. Eso le pide el Ecuador a la corte constitucional”.

Virginia Gómez de la Torre realiza una comparación dentro de este tipo de casos donde indica que “en nuestra legislación se dice que una mujer no puede suspender su embarazo en caso de que tenga una discapacidad mental, el punto es que la mujer con discapacidad mental no ha podido consentir la relación sexual. Cuando una niña que no sabe los resultados de esa relación sexual, ese consentimiento no es válido, y sin embargo con las 6 niñas que se embarazaron en el año 2018, no tuvieron la posibilidad de consentir, la violación es un acto de poder, donde se somete a la víctima a una relación sexual que no quiere”.

Según sus investigaciones Gómez de la Torre asegura que “el violador no viola para conseguir un orgasmo, viola por someter a una vida que él puede violentarla. Eso es un delito, el violador planifica la violación. Son actos premeditados y planificados, por eso es un delito”.

Así deduce la experta “entonces cómo es que la consecuencia de un delito (violación), que es el embarazo, sea ilegal finalizar un embarazo. Por lo tanto esa acción debe ser legal y no obligatorio. El Estado no se preocupa de ninguna de las víctimas, tanto la persona violada como la persona que nace de esa violación”.

“El Estado no tiene esa cultura de reparación integral para las víctimas, es un Estado que da vergüenza, vivir en un Estado que tolera, naturaliza, es negligente y es indolente frente a la mitad de la población que sufre violencia de género, machista, misógina; y para variar hay un asambleísta Yépez que plantea que las mujeres violadas pueden dar en adopción al fruto de la violación, es una propuesta asquerosa que no se merece ser legislador”, concluye Gómez de la Torre.