El Estado debe asumir con más efectividad los casos de violencia sexual

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Hay mucha indiferencia y lentitud frente a estos casos, y tratan de culpabilizar a las niñas, niños y adolescentes en estos casos indica la representante de Cepam.

Punto Noticias.- Patricia Reyes, es representante de Cepam y el Centro de Derechos Sexuales y reproductivos en estrevista exclusiva con Pichincha Universal, indica que han apoyado en el caso de violación a una adolescente de 16 años, Paola Guzmán, quien se suicidó tras ser abusada por el vicerrector de su colegio, con un embarazo y aborto forzado; una situación sin precedentes que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, donde se acusa al Estado ecuatoriano, por no haber tomado las medidas necesarias para hacer justicia.

 

Para la representante de Cepam, “son una serie de emociones encontradas y también una serie de responsabilidades tanto frente a Petita Albarracín y la hermana de Paola, como también con otras mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven situaciones de violencia sexual.

“Creemos también que para la justicia Petita va a poder descansar ahora, ante lo que ha significado la pérdida de su hija y nosotros también poder tener una sanción, que esperamos sea favorable, y la llamada de atención al país para que esto no vuelva a suceder, y que las leyes y los protocolos, que existen realmente en la actualidad se efectivicen y sean protectores de derechos” insiste Reyes.

Resalta la experta que “lamentablemente, sabemos que los casos de delitos sexual en el sector educativo, continúan en la impunidad, eso implica un mayor compromiso para que el Estado maneje una situación diferente frente a estos hechos”.

Este suceso es luego de una lucha de 18 años, una lucha legal llena de dolor y angustia de la familia de Paola Guzmán Albarracín, esto va sembrar un precedente en el país. una situación vivida por Paola que antes de suicidarse, “ella vivió la violencia sexual por parte del vicerrector, tampoco desde este espacio educativo se hacía nada, algunos docentes sabían de esta situación y de lo que ocurría”, afirma Reyes.

“Lastimosamente en el 2002, se concluye que este delito directo a Paola, es el por qué ella se suicida, en vista de que ella sentía que no podía acudir absolutamente a nadie, tampoco había informado de lo que estaba pasando”.

Por ello la madre de Paola, Petita decide iniciar un proceso judicial en el 2002, pero los procesos fueron lentos y con pocas respuestas.

“En el 2005, se dicta una orden de prisión contra el vicerrector pero esta nunca se ejecuta, para en el año del 2006, nosotros como Cepam y el Centro de Derechos Sexuales y reproductivos conocemos del caso, y viendo las regularidades que habían existido, en la investigación que no se utilizaron los mecanismos necesarios, que se decían era una situación de enamoramiento y no un delito, creemos que hubo muchas irregularidades, y esto nos motiva a presentar primero a la CIDH” revela la representante de Cepam.

Y continúa “en el 2007 el CIDH, nos admite el trámite de esta petición, considerando que también existía estas irregularidades, durante ese proceso en el 2008 prescribe el proceso penal, aquí en el país, y en el 2013 prescribe el proceso civil por daño moral, en este intermedio, como quien dice que inicia desde la Comisión un proceso de solución amistosa con el Estado” subraya.

Pero “la Comisión en el 2015 llama a audiencia y no se presenta el Estado, esto motiva que en el 2018 se lo lleve a la CIDH. Ya que no había respuesta por parte del estado. Ahora en el 2020 estamos frente a esta audiencia, el proceso a los 18 años inicia sin una no respuesta del estado”, aclara Reyes.

Según Patricia Reyes, “el sector educativo tenía muchas implicaciones de como trataron la situación, porque Paola ingiere el fosforo blanco y estaba en la Unidad Educativa, dentro de esta unidad no llaman inmediatamente a un espacio de salud o de emergencia, sino que esperan a que llegue la mamá, que en ese momento se encontraba fuera de la ciudad. Esto también se incluye para el proceso de la CIDH, que no se hizo nada en protección para Paola”.

Queda pendiente de que “se sabía que había otras víctimas dentro del sector, incluso del mismo vicerrector y de otros docentes que habían estado abusando a estudiantes, no se hablaba de esa situación que era más compleja, en la parte administrativa, lo importante es que sean efectivos y que se respeten los protocolos. Porque ahora ya pasa a lo penal, a la Fiscalía. Antes no había este tipo de procedimientos” insiste la representante y defensora de derechos.

Se trató a Paola de responsabilizar por la violación a Paola, de que estaba enamorada del rector, un hombre de 64 años, hubo trabajos periodísticos que intentaron hacerle ver a ella como responsable de esta situación.

Aún así, dice Reyes, “la obligación de un docente es educar y respetar un código de ética, en el proceso se hicieron algunas entrevistas a algunas estudiantes, de 88 estudiantes, 68 decían que era el vicerrector acosaba sexualmente a Paola”.

Para la experta la situación que atravesaba la adolescente, era una situación donde nadie la protegía, desde la Procuraduría han aceptado las negligencias, indica, “se han presentado los peritos en el tema de lo que significa ingerir fosforo blanco, para que la Corte tome su definición. Luego de estas audiencias la CIDH presentaría la sentencia, este es un caso único en la historia del país, de abuso sexual”.

El mensaje de Patricia Reyes es que “el Estado asuma con mayor efectividad las normas, las leyes, los protocolos los que existen realmente funcionan, y que se sancionen a quien debe sancionarse y no culpabilizando a las adolescentes, que se mejoren los procesos investigativos ya que son insuficientes”.

Lo importante es “creer en nuestros niños, niñas y adolescentes, cuando nos están diciendo que están viviendo esta situación, es el primer paso, luego no juzgarlos, sino apoyarlos para que ellos tengan más confianza y puedan contar con mayor libertad lo que está pasando”.

Además, “que los niños, niñas y adolescentes sepan que no están solos, hay grupos de mujeres de derechos humanos que estamos dispuestos a apoyar, a generar acciones de protección y denuncia para que cesen este tipo de situaciones y se juzgue a quien se debe juzgar, lo importante son acciones inmediatas y no que se demoren tanto como 18 años”, dice la experta.

“Estamos frente a un Estado que debe responder con la prevención. No se puede mantener un Estado que está ocultando estos delitos y promoviendo mensajes que perpetúan este tipo de discriminaciones desiguales y de poder para mujeres niñas y niños adolescentes”, concluye Reyes.