El caso de las cocinas de inducción irá a la Corte Constitucional

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FOTO: Radio Pichincha Universal / CF

Punto Noticias.- Toa Maldonado es directora general de personas consumidoras de la Defensoría del Pueblo. La funcionaria explicó el caso de las cocinas de inducción. La entrevistada dio detalles sobre la audiencia de verificación de cumplimiento de la sentencia, que ocurrió hoy.

La jueza de la Corte Provincial de Pichincha reconoció que hubo incumplimiento de dicha acción de protección.

A la Defensoría del Pueblo llegaron 2407 casos registrados, desde el 2015 hasta el 2017. Las personas denunciantes dijeron que hubo vendedores, de las casas comerciales, que iban puerta a puerta. Estos vendedores decían que la cocina de inducción era un regalo del presidente o que era parte del bono. Si no aceptaban, estos vendedores afirmaban que les quitarían el Bono de Desarrollo Humano.

Incluso, en las comunidades rurales, a la población kiwcha-hablante les entregaban cocinas con información en español. De esa manera, la gente no sabía que se pagaba la cocina después de un mes y a través de las planillas eléctricas.

Así explicó este caso, Toa Maldonado. La entrevistada recordó que en el 2014 se inició el programa del cambio de la matriz productiva. En ese marco, se buscó cambiar las cocinas de gas por las cocinas de inducción.

Maldonado dijo que, a través del Ministerio de Energía de la época, se creó el acuerdo 230 donde se indicaba que el ministerio establecía convenios con estas casas comerciales. Estas casas vendían las cocinas de inducción y el cobro se realizaba a través de las empresas eléctricas de cada sector.

«Así se lograba cerrar el círculo de las cocinas de inducción», sostuvo.

La funcionaria explicó que la Defensoría del Pueblo trataba de resolver las denuncias caso por caso. Pero, se dieron cuenta de las dimensiones del caso y que el Ministerio de Energía era el encargado de controlar.

En octubre del 2017 se inició una acción de protección, que fue negada. En marzo del 2018, dicha acción se aprueba y se estipuló que sí hubo vulneración de derechos. Además, se estableció que el Ministerio de Energía fije en 60 días mecanismos de reclamación.

Maldonado dijo que pasaron 10 meses para saber si se cumplió o no la acción de protección. El Ministerio de Energía no cumplió. El único aspecto que cumplió, parcialmente, fue la diferenciación del cobro de energía y de la cocina. «Pero nunca hubo seguimiento adecuado sobre esto».

Hasta el momento, la funcionaria dijo que el 56% de los casos han sido reparados. «Es decir, la gente ya no debe pagar por esa cocina. Ya pudo devolver la cocina a la casa comercializadora». Pero, la jueza revisó y vio que no hubo un cumplimiento eficiente de la sentencia.

Finalmente, el tema de las cocinas de inducción irá a la Corte Constitucional. Aunque el caso quedará en stand by hasta la elección de una nueva Corte.

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