Con compañeros en la cárcel, heridos, fallecidos la CONAIE asiste al diálogo gubernamental.

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Aunque el Gobierno pone por delante el tema económico, el movimiento indígena propone un diálogo sin presiones y persecuciones.

El proyecto de ley económico urgente no incluirá el tema laboral, está enfocado a reformas tributarias y a los Códigos Orgánicos de Planificación y Finanzas Públicas, y Monetario y Financiero. Seguramente llega hoy a la Asamblea Nacional.

Según el ministro de Economía, Richard Martínez, expuso ayer que la propuesta contiene la eliminación del anticipo del impuesto a la renta (IR) y la retención en la fuente no sean obligadas a realizarlas las microempresas, no se incrementa el impuesto al valor agregado (IVA), se procura que el rol del Banco Central del Ecuador (BCE) se consolide.

Martínez insiste en que aún no hay una decisión sobre algún decreto sustituto al 883, que eliminaba el subsidio de los combustibles, que fue derogado el pasado lunes, por la presión social y del movimiento indígena a nivel nacional por once días.

“Hay que ampliar el diálogo… La mesa se va a hacer mucho más plural…”. Se espera hacer las cosas bajo un concepto de focalización y prioridad, aseguró Martínez.

Con el fin de instrumentalizar el acuerdo con el Decreto 894 que deroga al 883 y propone la focalización de los subsidios a los combustibles, el movimiento indígena desea evitar la criminalización y judicialización de la protesta social en el  paro nacional y continuar en las conversaciones con el Gobierno.

Leonidas Iza Salazar es presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, encabeza la delegación de las tres organizaciones en este proceso: la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (CONAIE), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Ecuador (FEINE) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN).

Iza insiste en que “no se puede quedar en el tema de construir el decreto cuando tenemos temas pendientes como que hay compañeros que están en la cárcel… Esto se tiene que ampliar, para que sea una mesa técnico-política, y hemos generado algunas condiciones para que se pueda garantizar un ambiente tranquilo”.

“Yo con juicios de por medio, fallecidos de por medio, encima de eso con doce criminalizados por sabotaje, en esas condiciones no me puedo poner en la mesa”, critica el líder del Cotopaxi, “informaré a la CONAIE, y que sea decisión del movimiento para que no sea mi decisión la que trunque este proceso de diálogo”.

Luego del primer acercamiento entre el presidente Lenín Moreno y la dirigencia, este el pasado 13 de octubre, el miércoles se retomó una nueva reunión “introductoria” en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Quito, junto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que son los intermediarios.

Ahí se habló de “compañeros en la cárcel, heridos, fallecidos”, temas que si no se resuelven “va a ser como muy chocante trabajar en el tema técnico”, dijo Iza.

El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, más otros seis dirigentes fueron denunciados el 10 de octubre, por el Ministerio de Gobierno, por “secuestrar o retener ilegal e ilegítimamente” a nueve miembros de la Policía, en el ágora de la Casa de la Cultura.

José Agusto, secretario de la Presidencia, opinó que aspiran a tener el decreto lo más pronto posible, “no pueden dejar de tomar decisiones”.

Según el analista económico Pablo Dávalos, quien forma parte de los asesores de la CONAIE, el documento será consensuado con los sectores involucrados. Los encuentros fueron “tensos”, considera que el decreto estará listo “dentro de cuatro o cinco meses”.

Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó la llegada de una misión al país del 28 al 30 de octubre, en atención a la invitación del canciller José Valencia para observar la situación interna.

Fuente: El Universo