Caso Chevron: la sentencia de Lago Agrio es válida

Frente de Defensa de la Amazonía
FOTO: CRE Satelital

Punto de Vista.- El abogado Patricio Salazar, del Frente de Defensa de la Amazonía, dijo que el fallo de La Haya proviene de un Tribunal Ad Hoc, un tribunal con competencia comercial. El fallo se refiere a las partes litigantes, que son el estado ecuatoriano y Chevron Corporation, precisó.

Los afectados por las operaciones de Texaco en el oriente ecuatoriano y los beneficiarios de la sentencia de Lago Agrio, no son parte de ese proceso. Por lo tanto, mal hubiese podido pronunciarse respecto de la validez de ese fallo un Tribunal donde los beneficiarios de la sentencia de Lago Agrio no han participado.

Salazar espera que el Procurador, Íñigo Salvador, logre concretar la nulidad del fallo. Sin embargo, si eso no se da espera que se declare “la ineficacia del laudo en lo que respecta a la parte del juicio de Lago Agrio”.

El abogado defendió la sentencia de Lago Agrio, que ha recibido cuestionamientos por parte de Chevron. “Es absolutamente válida”, enfatizó. Se trata de una sentencia emitida por la corte provincial (Sucumbíos), revisada por la Corte Nacional y la Corte Constitucional, explicó. “Es una sentencia ejecutoriada, cosa juzgada. Está en firme”. Por lo tanto, las alegaciones de fraude fueron atendidas y desestimadas, dijo Salazar.

Dos fueron los cuestionamientos de Chevron. Uno, la supuesta oferta de un soborno por parte de los abogados de las comunidades y de algunos de los afectados. Dos, la redacción de la sentencia en Memory Flash se entregó por parte de los abogados al juez.

Salazar explicó que todo se desmintió.

Sorprende que con tanta avidez, los medios de comunicación, los defensores de Chevron y tantos abogados de Chevron sin título, estén declarando respecto de la nulidad o respecto del fraude que ha habido en el caso Chevron, cuando no es otra cosa que un chisme. Es parte de la estrategia de Chevron para poder dar de baja este proceso judicial que les ha costado 25 años a los demandantes.

¿Se han perdido, al parecer, todos los procesos en el exterior? Le preguntamos. Salazar explica que los procesos no se perdieron. “Son procesos que hubo que quitarlos. Hubo que retirarlos porque se manejaron políticamente”. Las comunidades afectadas han triunfado ante la justicia ecuatoriana, “con un veredicto que demanda a Chevron pagar 9 mil 500 millones de dólares. Es justo y legal, e insuficiente para realizar la remediación”.

A Salazar le pedimos que nos explique porqué hay dos organizaciones: el Frente de Defensa de la Amazonía y la Unión de Afectados por Texaco, UDAPT. El abogado señala que la primera organización histórica que seguido el juicio. El Frente es el beneficiario de la sentencia y el beneficiario del fideicomiso. Mientras que la UDAPT, busca la remediación para el bienestar de la gente, pero “que ha tenido distintas apreciaciones respecto del manejo del caso”. Eso ha hecho que se manejen de manera independiente, la una y la otra, explicó.

Finalmente, se le preguntó a Salazar por el pago que hizo Ecuador a Chevron de 112 millones de dólares, en el 2016. Rafael Correa dio ese anuncio para cumplir con un fallo de la Corte Permanente de La Haya a favor de Chevron. “Ese es justamente el nodo del asunto”, señaló Salazar.

El levantamiento del embargo que tenían a favor las comunidades respecto de todos los bienes de la petrolera en el Ecuador, fue levantado por el abogado de las comunidades que era Pablo Fajardo, y permitió el cobro de Chevron de esos 112 millones.

Ese dinero les correspondía a las comunidades porque tenían embargo sobre esos activos, afirmó Salazar. Por eso –para el entrevistado- le llama la atención de que el expresidente Rafael Correa decía estar a favor de las comunidades, pero “lo que hizo fue solicitar y tramitar con el abogado de las comunidades para que se levante el embargo y para favorecerle a Chevron y pagarle los 112 millones de dólares que recibió”.

Es por eso que algunos de los demandantes, y el Frente de Defensa de la Amazonía, le revocaron el poder a Pablo Fajardo. “Es una cosa absolutamente reñida con el encargo que le habían hecho: cobrar el dinero, no para renunciar al embargo y a la forma de cobrar”.

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