Asambleístas divididos sobre cómo se actuará en casos de peculado y enriquecimiento ilícito

Foto: Asamblea Nacional

Un fallo de la Corte Constitucional elimina el informe previo de la Contraloría

Punto Noticias.- En la Asamblea Nacional existen criterios divididos sobre la resolución de la Corte Constitucional para que la Fiscalía General ya no necesite de un informe previo de la Contraloría para iniciar una acción penal por peculado y enriquecimiento ilícito.

Los legisladores Vicente Taiano (PSC), Juan Lloret y Marcela Aguiñaga (RC) y Héctor Muñoz (SUMA) creen que al declarar la inconstitucionalidad de ese procedimiento existiría la posibilidad para que cualquier ciudadano sobre el cual haya una “simple presunción” y no con una determinación cierta del cometimiento de un delito pueda ser procesado penalmente.

En cambio, sus colegas Lourdes Cuesta (antes de CREO) y René Yandún (BIN) aplaudieron la decisión. Ambos sostienen que es una herramienta que permitirá desbloquear la lucha contra la corrupción en el sector público.

Por unanimidad, la CC declaró el pasado 4 de julio la inconstitucionalidad del numeral 3 inciso final del artículo 581 del Código Integral Penal (COIP), y también una resolución de la Corte Nacional de Justicia del 2010 sobre el tema.

El accionante Raúl Cabanilla Oramas explicó que el requisito de procedibilidad, aprobado en 2010 por la Corte de Justicia, fue “sacado de la manga” porque condicionaba el paso de la Fiscalía hacia la instrucción penal. La idea, dijo era hacer prescriptible al delito de peculado, cuando en la Constitución desde 1998, fue declarado imprescriptible.

Por ello, cuando la Fiscalía iba a hacer la formulación de cargos y no había informe de la Contraloría, se archivaba el proceso. Si se pedía el examen de Contraloría y había pasado cinco años, la Contraloría ya no podía proceder, por ende el efecto directo era el archivo de la denuncia por peculado.

“Yo me alegro que la Corte haya aclarado ese tema, porque los fiscales se colgaban de este informe, como requisito de procedibilidad para decir que no podían investigar”, puntualizó.

Por su parte, Taiano manifestó que el juez de cuentas que es la Contraloría  debería cumplir con el requisito de procedibilidad. Mientras que Aguiñaga advirtió que cualquiera podrá poner una denuncia por enriquecimiento ilícito o peculado y la Fiscalía tendrá más carga procesal.

Fuente: El Universo, redes sociales