A la ministra de Justicia le preocupa que funcionarios del Estado aprueben el cometimiento de delitos en las cárceles

La administración de justicia le queda debiendo al país en el caso de las presuntas torturas a las personas privadas de la libertad, en el centro de rehabilitación social de Turi, provincia de Azuay, en donde los internos fueron obligados a tenderse boca abajo para una violenta requisa, según la ministra del ramo, Rosana Alvarado, quien compareció a la Comisión de Justicia de la legislatura.

La funcionaria contó que en un principio los 49 involucrados, la mayoría miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), de la Policía Nacional, fueron procesados por el delito de tortura, luego el fiscal del caso cambió la acusación por extralimitación de funciones y finalmente el juez sobreseyó a todos los acusados; es decir, suspendió el procedimiento judicial por falta de pruebas. La fiscalía apeló y el caso se resolverá en audiencia el próximo 2 de octubre.

“El Ministerio del Interior (impondrá) una acción administrativa, que yo respaldo, porque me parece que si a nivel judicial la cosa todavía está en deuda, pues, que a nivel administrativo exista una responsabilidad determinada. Son sanciones severas”, señaló la ministra de Justicia.

Otro caso que concitó la preocupación de la secretaria de Estado es el operativo Victoria, mediante el cual se descubrió que privados de libertad de Turi montaron una organización dedicada a extorsionar a internos de otras cárceles, pero principalmente de Turi, con el fin de obtener dinero a cambio de no trasladarlos a otros pabellones y evitarles torturas.

En esta organización delictiva participaban los reos, sus familiares, guías penitenciarios y hasta funcionarios de rehabilitación social y del Ministerio de Justicia.

“Mientras esté al frente del Ministerio de Justicia lo que les puedo asegurar no es que no se presente un suceso como el que se describe, es que no quede impune, que no puedan ser funcionarios públicos, gente que acepta ese tipo de actitud”, aseguró Alvarado.

La funcionaria fue invitada también para que informe sobre la situación de las cárceles del país y de las denuncias de hacinamiento en estas. Aseguró que si en el 2006 el porcentaje de hacinamiento era de 122%, en la actualidad bajó al 42%.

Sin embargo, a criterio del asambleísta Luis Fernando Torres, del PSC, la situación es crítica. “De una capacidad instalada (para) 25 mil 420 personas, habría este momento 36 mil 46 privados de la libertad. En otras palabras, faltan cerca de 10 mil lugares para los detenidos”, sostuvo el parlamentario.

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