Ala correísta de AP no descarta llamar a juicio político a presidente Moreno por arrogación de funciones

Legiasladores de AP, ala correísta/Foto: Marcela Aguiñaga

Dictadura plebiscitaria, atentado contra la institucionalidad del país, miedo a que se caiga la consulta, fueron términos con los cuales los legisladores de Alianza PAIS (AP), del ala correísta, calificaron la decisión del jefe de Estado de convocar directamente al plebiscito, sin esperar el dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional.

Es una ruptura al Estado de derechos, estamos a vísperas casi que de una dictadura en este país y esto generaría un grave riesgo para el control constitucional, que le corresponde a la Corte Constitucional, insistió la directora de AP en Guayas, Marcela Aguiñaga, actual legisladora, quien incluso advierte que el presidente Moreno podría ser enjuiciado políticamente y destituido por arrogación de funciones.

Aguiñaga considera que el tiempo que la Corte Constitucional (CC) se ha tomado para tramitar la propuesta de consulta popular del gobierno está dentro de lo que contempla la ley, por lo que le preocupa que el plebiscito se lleve a cabo con preguntas que no tienen ningún tipo de control constitucional. Acusó al mandatario de repartir las instituciones del Estado a cambio de respaldo político.

Mientras tanto, para la legisladora Elizabeth Cabezas, leninista, se justifica la convocatoria directa a la consulta popular, por parte del presidente Moreno, porque, a su juicio, rebasados los plazos que tenía la Corte Constitucional, el jefe de Estado tiene toda la facultad de hacerlo.

Como era de esperarse los sectores parlamentarios “de oposición”, entre comillas, por supuesto que respaldan al mandatario y están de acuerdo con que haya remitido al CNE la convocatoria a la consulta popular para que este organismo inicie el proceso electoral, como señala Eliseo Azuero del denominado Bloque de Integración Nacional (BIN).

Entre las acciones inmediatas que emprenderán los asambleístas de Alianza PAIS, para revertir los decretos ejecutivos, está una acción de inconstitucionalidad en la propia Corte Constitucional y acciones de protección, buscando una medida cautelar que impida que el CNE ejecute la disposición del gobierno nacional.

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