Un ente internacional no se irá contra la voluntad soberana de un pueblo, coinciden juristas

Foto: Radio Pichincha Universal / (SE)

Jorge Benavides y Joel Escudero, ambos constitucionalistas, analizaron la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de desechar la solicitud de medidas provisionales sobre la pregunta 3, referente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la consulta popular. Ambos coincidieron en que un ente internacional no se puede ir contra la voluntad soberana de un pueblo que se expresó el pasado 4 de febrero en el Ecuador.

 

Benavides, explicó que la Comisión (IDH) no cumplió los requisitos de la solicitud que son gravedad, urgencia y eminencia, ya que a criterio de la Corte es un tema que debe resolverse al interior del Estado y sin intervenciones, caso contrario sería revisar un acto que fue ratificado por el pueblo a través de un ejercicio de democracia directa. “Es complejo que un organismo se vaya en contra de la voluntad popular”, reiteró.

 

En ese marco, Escudero detalló que existen temas de la consulta popular que se resuelven de manera inmediata en la normativa y otros que requiere de la intervención institucional donde varios actores participan ya sean políticos y financieros, los cuales deben dar cumplimiento al 100% de las preguntas.

Sobre el CPCCS, el jurista manifestó la necesidad de que el Consejo Transitorio envié las evaluaciones que realice sobre las autoridades de control a la Asamblea Nacional para que desde ahí, a través de un juicio político, se resuelva una posible destitución pues caso contrario podría quedar un mal sabor de boca.  De ahí que sostuvo que esto podría dilatar el proceso de elección popular sobre los consejeros definitivos previstos para marzo o abril del 2019, pues se tiene que tomar en cuenta que no todos querrán salir de su cargo y habrá oposición al respecto.

“En la reglamentación que se implemente para el Consejo transitorio se debe indicar cómo se realizará la evaluación  a los organismo de control y que esos informes pasen a la Asamblea y que juzguen o destituyan a las autoridades”, agregó Escudero puntualizando que esto también requiere de voluntad política.

Ambos constitucionalistas indicaron que dependiendo la aplicabilidad de la consulta popular podría haber un pronunciamiento de organismos internacionales en caso de que se viole algún el Estado de derecho.

 

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